martes, 5 de marzo de 2013

Falsedades del discurso de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 










El viernes pasado, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner inaguró las sesiones ordinarias del Congreso Nacional en Asamblea legislativa con un discurso que de alguna manera marcó la agenda política del año.

Apenas dos días después del controvertido debate que dieran sanción definitiva al ya tratado con Irán, el Congreso se vistió de fiesta al mejor estilo populista del peronismo.

Nada de esto sorprende, es parte del folklore oficial en un año electoral, pero sorprendió la cantidad de falsedades y por qué no decirlo, mentiras en la que incurrió la Presidente.

- La primera la cometió cuando habló sobre el desendeudamiento, ó mejor dicho, el endeudamiento externo de la Argentina.

En ese punto manifestó que los cuestionamientos que recibe el país por parte de los organismos multinacionales de crédito obedecen a que la Argentina ha dejado de endeudarse y por lo tanto, le ha quitado un gran negocio a los mercados financieros internacionales.

A decir verdad, el Estado no dejó de endeudarse, lo hace de una forma indirecta a través de la emisión de deuda interna, emisión monetaria, promoción de fuga de capitales y fundamentalmente, a través de Venezuela.

Por otro lado, no es que el país haya decidido no endeudarse, sino que directamente no puede. Simplemente porque aún no ha salido técnicamente del "default".

Existe deuda vencida e impaga hace tiempo con el "Club de París", una cuantiosa suma en trámite judicial (holdouts) y tribunal del Ciadi entre otros.

Justamente, el estar aún en default no sólo le tiene cerrado el acceso al crédito internacional al Estado sino también a particulares, y sólo lo obtiene apelando a países afines políticamente y a tasas superiores a las de mercado. Es decir, el negocio se trasladó a "países amigos".

En definitiva, nadie puede estar haciendo campaña contra la Argentina por no endeudarse porque simplemente nadie le quiere prestar.

- La segunda falsedad consistió en decir que si Argentina le pagaba a los holdouts sumas superiores al resto de los acreedores se cometía un delito.

Entiendo que la Presidente intento enmarcar el proceso del "canje" de bonos "defaulteados" en una especie de concurso de acreedores internacional. Si así fuera, además estaría trasladando un delito que corresponde a la legislación concursal local a una situación internacional que se le parece en las formas pero que nada tiene que ver con ese instituto legal.

Digo esto por cuanto a los bonos en cuestión le es inoponible la legislación local en materia comercial y penal dado que los mismos fueron emitido bajo legislación internación, habiendo fijado incluso como sede de diferendos de interpretación la plaza de Nueva York.

Es decir, contrariamente a lo que dice la Presidente, los tenedores de bonos que no aceptaron el canje no están regulados ni por la legislación ni la jurisdicción argentina, y si encuentran limitaciones será fundamentalmente por la interpretación que de la ley y la situación internacional haga la Corte de NY y/o eventualmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Esto no es una trampa ni ningún abuso. Los bonos que son emitidos bajo las leyes de países financieramente más confiables hace que el país los coloque con mayor facilidad y cuantía, pagando menores tasas de interés por la mayor seguridad de cobro. La contrapartida es justamente la inaplicabilidad de lo que dijo la Presidente en la Audiencia Legislativa.

- La tercera falsedad corresponde a lo expuesto sobre las "Medidas Cautelares Judiciales".

Es sabido que el Gobierno se siente perjudicado con motivo de las medidas cautelares vigentes contra la "Ley de Medios" y que favorecen a su actual archi-enemigo mediático "Grupo Clarín".

En tal sentido, la Presidente calificó de inaudita la forma en la que se conceden dichos recursos judiciales sin hacer mención directa al caso Clarín, pero siendo evidente que se refería al mismo.

Justificó su cuestionamiento en que para ella, dichas medidas se conceden para asegurar el cumplimiento de una orden judicial y ante la eventual insolvencia del demandado.

Llegó incluso a decir que de ninguna manera se justifican estas medidas cuando el accionado es el Estado porque no existe riesgo de insolventación del mismo como sucede en el caso de un privado.

Este argumento además de inexacto es engañoso.

En efecto la mandataria argentina redujo el concepto de medidas cautelares a sólo una clase de ellas, es decir, a los "embargos preventivos" que sí tienen ese fin. Pero la realidad es que no se agotan en los mismo, y mucho menos de eso se tratan las medidas cautelares dictadas con relación a los amparos judiciales interpuestos por el "Grupo Clarín".

Las cautelares dictadas en los recursos de amparo mencionados, tienden solamente a evitar que mientras se tramita el fondo de la causa -pedido de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de medios- no se apliquen medidas de las que luego, de ser declarados inconstitucionales no haya vuelta atrás.

Es muy claro en el caso de proceso judicial en cuestión porque justamente lo que ordena la ley de Medios es la venta y desinversión del Grupo.

Es decir, contrariamente a lo afirmado por la Presidente, las medidas cautelares en ellos dictadas no tienden a evitar una eventual insolvencia del demandado, sino y por el contrario, a evitar ventas ó transferencias de licencias del "Grupo Clarín" que de efectuadas y luego declaradas inconstitucionales no tendrían vuelta al estado de cosas anterior al de la presentación del amparo judicial.

Es decir, utilizó otra vez una figura del derecho procesal doméstico en forma equivocada, confundiendo a los oyentes y lo que es peor aún, con una clara tendencia a demonizar al Poder Judicial a fin de cuestionarlo y/o intervenirlo por algunos fallos contrarios.

- La última falsedad, ó mejor dicho en este caso una cuestionable opinión, tiene relación con lo precedentemente dicho.

En el sentido que como la Justicia supuestamente aplica mal la legislación perjudicando las decisiones políticas del Ejecutivo, para la mandataria, el Poder Judicial protege a esas corporaciones y por lo tanto: "Hay que democratizarlo".

Un nuevo término que de aquí en más encubrirá el intento ya develado en mi post anterior de manejar al tercer Poder del Estado, el que justamente debe controlar al Ejecutivo. El que tiene la función de ser intérprete último de la Constitución Nacional.

Para ello, Cristina Kirchner propuso en su discurso que los funcionarios del organismo encargado de designar a los jueces -Consejo de la Magistratura- sean elegidos por el voto popular.

Cabe aquí recordar que uno de los motivos por los cuales se creó el Consejo de la Magistratura fue justamente evitar la politización de la Justicia, dado que antes los jueces se nombraban por propuesta del Senado y elección del Ejecutivo.

Es decir, en circunstancias como las actuales todos los jueces serían oficialistas atento a las mayorías que el partido de Gobierno tiene en ambas Cámaras del Congreso Nacional.

Para evitarlo, con el Consejo de la Magistratura se intentó profesionalizar la elección de los jueces y utilizar criterios basados en el mérito y desempeño profesional antes que en el tradicional "acomodo" político.

No se ha logrado aún, mucho menos luego de las reformas introducidas por el oficialismo, pero no hay por qué pensar que se logrará con el "voto popular" de sus integrantes.

De hecho el actual Consejo se integra con representantes de las distintas áreas del quehacer nacional relacionadas con la Justicia. Hay consejeros de los Abogados, de los ciudadanos a través de los representantes de ambas cámaras del Congreso, de la Universidad y del Ejecutivo.

De tal forma, los integrantes de cada una de esas "comunidades" eligen a su representante. Sin perjuicio del cual, dado que no es una actividad normal y habitual el elegir un candidato para tal fin, lo cierto es que la mayoría de esas corporaciones ni siquiera conocen bien a los candidatos, dado que como dije, no es el destino principal de esas actividades.

Ahora bien, la Presidente so pretexto de "democratizar la Justicia", pretende que esos candidatos no sólo sean elegidos por quienes conforman  esas organizaciones profesionales, políticas y culturales, sino por todos los ciudadanos.

Si como dije anteriormente los propios integrantes de dichas organizaciones no llegan a conocer bien a sus propios candidatos, mucho menos lo podrán hacer los ciudadanos comunes que ninguna relación tienen con la actividad de los mismos.

En definitiva, los ciudadanos no tendrán otra alternativa ante la falta de conocimiento que la de elegir los miembros del Consejo de la Magistratura por su pertenencia política.

Es decir, no sólo no se cumpliría con el objetivo fundamental por el cual se creó dicho Consejo, sino que por el contrario se lo terminaría de politizar totalmente.

Como dije anteriormente, esto no significa sostener que el actual Consejo sea apolítico (de hecho es oficialista), ni mucho menos que funcione bien ó que el Poder Judicial no amerite profundas modificaciones.

Sin dudas la política sigue siendo el principal factor para llegar a ser Juez en la Argentina, y ni siquiera con el Consejo de la Magistratura se ha podido evitar esa lamentable situación, que en definitiva, favorece siempre al partido de gobierno.

El Poder Judicial ha demostrado que tampoco tiene la celeridad, eficiencia y calidad que se necesita para impartir justicia y sobre todo, colaborar positivamente para terminar con el flagelo de la inseguridad, monopolios y corrupción.

Pero las críticas y modificaciones a las que apunta Cristina en nada tienden a mejorar esa situación en ambos organismos estatales, sino  y por el contrario, a avanzar sobre el último Poder del Estado que intenta mantener un mínimo de independencia.

El Poder Ejecutivo a través del discurso de la Presidente está confiado en que las mayorías populares lo apoyan y por lo tanto, que sometiendo a elección popular a los miembros del Consejo de la Magistratura hará que la Justicia también responda a la orientación política del Gobierno.

Como titulé en mi "post" anterior, "Van por los tres Poderes"...

Como sostengo en ese artículo, el Gobierno ha encarado el camino del totalitarismo, de la suma del poder público.

O como otrora diría Hayek en vísperas de los movimientos de masas del "Nacional Socialismo" europeo, el Gobierno pretende conducirnos por un "Camino de Servidumbre".





Foto web.





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