viernes, 1 de marzo de 2013

Van por los Tres Poderes...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se está dando un fenómeno sintomático en casi todas las democracias formales populistas latinoamericanas consistente en cuestionar y/o avanzar sobre el Poder Judicial.
 
Primero en Venezuela con las expropiaciones estatales, más tarde en la Argentina con la ley de medios y recientemente Uruguay con la declaración de inconstitucionalidad de la "Ley interpretativa" de Caducidad de los delitos durante la dictadura militar.
 
En varios países como Ecuador, Bolivia ó Venezuela la cuestión parece haberse zanjado. El Ejecutivo finalmente ostenta el control de los tres Poderes del Estado. Pero en el caso de Argentina y Uruguay la cuestión está en plena "ebullición".
 
Hablo de "democracias formales" por cuanto los mandatarios han cumplido con los requisitos formales para acceder al Poder en forma democrática pero han vaciado al sistema de contenido al desconocer, entre otras cosas, el derecho de las minorías, la representación general que hace el presidente de todos los ciudadanos y no sólo de sus partidarios.
 
Además de tener baja tolerancia al disenso, intención hegemónica al intentar perpetuarse en el Poder, confusión del Estado con Partido de Gobierno y fundamentalmente, una vocación irrefrenable por tener la suma del poder público a través del manejo de los tres poderes del Estado.
 
Argentina, a pesar de tener una Corte Suprema de la Nación digamos "amigable", cada vez que emite un fallo en contra de la posición oficial aparece un sofisticado cuestionamiento hacia ese Poder que entiendo, encubre en el fondo un intento de disciplinarlo.
 
La propia presidenta Cristina Kirchner utilizó una frase tan genérica como "hay que democratizar la justicia" y más recientemente, a la Fiscal de Estado Gils Garbo lo justifico de la siguiente manera (link).
 
Como si la Justicia operara exclusivamente para un determinado grupo de Poder. Como si el Ejecutivo no operara para ninguno...
 
Pareciera que la palabra democracia se ha utilizado en las últimas décadas como "comodín" para decir que quien la invoca se arroga su representación. Como si esa creencia no fuera en si misma la expresión más cabal de un comportamiento totalitario.
 
Del otro lado del río -parafraseando a Jorge Drexler- algo similar sucedió con un reciente fallo del máximo tribunal del Uruguay que decretó la inconstitucionalidad de una ley dictada por la mayoría absoluta que el Frente Amplio tiene en ambas Cámaras del Congreso en forma contraria al resultado de dos consultas populares que se manifestaron en contra.
 
Parece confuso pero es tan simple como contundente. En un curioso pero evolucionado perfil democrático, el uruguayo votó por primera vez a un gobierno de izquierda. Primero a Tabaré Vázquez y luego a Mujica. Ambos de la coalición de partidos denominada Frente Amplio, otorgándoles también mayorías parlamentarias en ambos gobiernos.
 
Era una clara proclama de dicho partido revisar las leyes que habían dado por caducos los delitos cometidos durante la dictadura militar. Sin embargo, en forma conjunta con las mencionadas elecciones presidenciales, se consultó a los ciudadanos si querían derogar la Ley de Caducidad que daba por prescriptos dichos delitos.
 
En forma curiosa, los ciudadanos votaron en ambas ocasiones mayoritariamente a favor de los candidato de FA, sin embargo, en ambas ocasiones también se expresaron claramente en contra de revisar dicha ley y delitos que amparaba.
 
A pesar de ello, durante el actual gobierno del presidente Mujica, su bancada legislativa decidió obviar los resultados de la consulta popular -la misma que curiosamente legitima sus mandatos- y dictar una ley interpretativa de aquella ley con el fin de tratar de llevar a juicio los mencionados delitos casi 40 años después.
 
Obviamente, los afectados por esa ley penal retroactiva plantearon la inconstitucionalidad de la misma, la cual tuvo recientemente favorable acogida por parte de la Corte Suprema de dicho país.
 
Esta decisión montó en ira al partido de gobierno y sus seguidores, realizando una manifestación que literalmente rodeó al palacio de justicia, e incluyó a ese país, en la palabras de la primera dama Lucía Topolansky, en la lista de los países mencionados donde ante un fallo adverso se comienza a cuestionar ese tercer Poder del Estado, e incluso, la propia Constitución Nacional cuando el presidente Mujica dijo, ante un fallo adverso hacia un impuesto por él propuesto, que "si la Constitución Nacional considera que dicho impuesto es inconstitucional, lo que hay que modificar es la Constitución..."
 
Es evidente entonces, que tanto Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay, representan un bloque político donde a pesar de las supuestas diferencias tienen algo en común. En todos ellos sus presidentes no se contentan con tener un Ejecutivo fuerte, ni una amplia mayoría parlamentaria que les asegura aprobar todo proyecto oficial que le sea enviado.
 
Todos ellos pretenden además el consenso del Poder Judicial, la suma del poder público.
 
Ellos van por los Tres Poderes...
 
 
 
 
 
Foto Corte Suprema Uruguay. El País.
 
 

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