jueves, 12 de diciembre de 2013

Caos social en la Argentina: Causas y responsabilidades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Recientemente, la Argentina sufrió "saqueos" y desorden social en casi todas sus provincias.

El problema comenzó en una de sus principales provincias, la mediterránea Córdoba.

Allí hace tres meses su Gobernador De La Sota removió la cúpula policial por estar supuestamente involucrada con el narcotráfico.

Más recientemente, y durante un viaje del mismo al exterior, la policía se acuarteló en reclamo de aumentos salariales, dejando sin protección alguna a la ciudad capital de la provincia, donde se desató una ola de saqueos y desmanes que pueden ver en el video del post anterior.

La resolución de la cuestión fue pésima. El gobernador demoró en tomar medidas, y acordó luego aumentos salariales cercanos al 80% cuando antes los había negado por no tener fondos para pagarlos.

Por su parte, el Gobierno Nacional no procedió a preservar la seguridad ante la emergencia, teniendo otra fuerza de seguridad, como la Gendarmería Nacional, a sólo 40km del conflicto.

Finalmente, la policía en la Argentina no está sindicalizada, y por ley tiene prohibido realizar protestas salariales y mucho más, acuartelarse y dejar zonas liberadas.

Ahora bien, si buscamos el orígen remoto de la cuestión, sin dudas está en la inflación.

Un proceso inflacionario que se remonta a más de 5 años en un promedio del 25% anual, sin que el Gobierno reconozca tan grave problema y por lo tanto, adopte las medidas de fondo necesarias para solucionarlo.

Este proceso inflacionario empezó por debilitar la moneda nacional frente al dólar, disminuir la capacidad de compra del salario y hacer perder competitividad a la economía.

Más allá de estas cuestiones generales, en lo que respecta al salario, el Gobierno logró sostener esta situación insostenible -valga el juego de palabras- acordando anualmente recomposiciones salariales a los gremios más poderosos del país, como el de Camioneros, o bien, los más fieles como empleados públicos, encargados de edificios, judiciales, etc.

Pero hay gremios que por falta de poder de negociación, ó directamente sin representación gremial, han quedado rezagados frente al proceso inflacionario.

Justamente, entre esos sectores se encuentra nada menos que actividades estratégicas como la educación, y la seguridad. En este caso, la policía.

Semejante reacción policial, por cierto rayana a la ilegalidad por los motivos comentados, hizo que el Gobierno tildara al reclamo de "extorsivo".

Sin embargo, cabría analizar realmente cuál es el alcance de la norma que prohibe la sindicalización y el acuartelamiento policial.

Dicha norma implica una obligación para la policía consistente en no dejar sin protección a la ciudadanía por una cuestión de orden laboral, pero también, una obligación de los gobiernos de justamente mantener a los trabajadores de esa actividad esencial bien pagos, y de haber un reclamo, prestarle la mayor atención atento su importancia social y ser empleados directos de la administración central de los Estados.

En este caso, sucedió a la inversa. Atento la falta de representación y poder gremial de estas actividades esenciales del Estado, se postergó su situación dentro del marco inflacionario, y obviamente, ante la falta de atención oportuna y sostenida, terminó en un reclamo contenido que terminó explotando como quien destapa una "olla a presión".

Es decir, los gobiernos provinciales faltaron primero a sus obligaciones legales de mantener a su policía adecuadamente paga ante un grave proceso inflacionario, y por su parte, la policía faltó a la suya al realizar protestas bajo esta formas. Pero sin dudas, en una relación de trabajo jerárquica, por más que sea de orden pública la responsabilidad mayor es siempre del principal por sobre sus dependientes. En este caso, los gobiernos provinciales.

Asimismo, tanto el Gobierno Nacional como los Provinciales, acusan a los "saqueadores" de estar organizados.

En el primer episodio, el de la Provincia de Córdoba -el que valga decirlo, por su pésima resolución sentó el precedente que hizo que el conflicto se trasladara como "reguero de pólvora" al resto de las provincias en procura de similares recomposiciones salariales de sus policías- parecía claro que se trataba de grupos organizados, pero cuando la situación se extendió a todo el país, resulta realmente improbable que se haya montado semejante organización delictiva afectando a provincias tan disímiles con gobiernos de diferente orientación política.

Lo que creo es que más allá de la pésima actuación del Gobierno Nacional, al parecer desinteresado en resolver el grave problema de la inflación y luego, de no haber prestado la debida y oportuna asistencia ante el primer episodio. De la pésima gestión de los Gobernadores provinciales que se aprovecharon de la imposibilidad de reclamar de sus policías para no pagarle sueldos adecuados, y de esta última, al dejar totalmente desprotegida a la población, lo cierto es que semejante reacción social ante la falta de policías en la calle "desnuda un grado de violencia y deterioro social lamentable".

Una sociedad no debiera depender totalmente de la policía y su represión para que ante su ausencia se desencadene en forma automática una ola de robos cruzados entre vecinos.

Será en otro post donde trataré de analizar las causas profundas de lo que tal vez sea lo más preocupante a largo plazo, la ruptura del tejido social y sus valores...







Foto web.